Posteado por: deyca | mayo 19, 2008

Rescate agroalimentario

José Luis Calva. El Universal. Mexico City: May 15, 2008

Según las más recientes cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el índice general de precios de los alimentos se incrementó 57.1% entre marzo de 2007 e igual mes de 2008: los cereales se encarecieron 88.1%; los aceites y grasas, 106.5%; los lácteos 48.4%; las carnes 9.9%; y el azúcar 26.1%.

Ahora bien, de acuerdo con las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los precios promedio de los cereales –que lideran el alza de precios– continuarán creciendo hasta 2010, para ubicarse ligeramente debajo de su nivel máximo durante el periodo 2011-2017.

Esto significa que los precios internacionales de los alimentos se estabilizarían en niveles superiores en más de 100% respecto a los observados antes del actual proceso de encarecimiento en cascada que comenzó en 2006. De hecho, según cifras de la FAO, el índice general de precios de los alimentos en el primer trimestre de 2008 alcanzó un incremento acumulado de 102.4% respecto al promedio del quinquenio 2001-2005. Ergo, la carestía llegó para quedarse.

Nuestro problema radica en que –a causa de las reformas neoliberales aplicadas en el campo mexicano– la dependencia alimentaria de nuestro país ha alcanzado enormes dimensiones: las importaciones de granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) representaron 30.9% del consumo nacional aparente durante el trienio 2005-2007; las de oleaginosas (soya, cártamo, ajonjolí y semilla de algodón), 93.2%; las de carnes de cerdo y res, 26.6%; y las importaciones agroalimentarias globales ascendieron a 19 mil 325.3 millones de dólares en 2007.

Para superar esta peligrosa dependencia alimentaria, es necesario desplegar una estrategia consistente de rescate de nuestro sector agropecuario, mediante una política-espejo respecto a la política agrícola de nuestro vecino del norte, cuyos instrumentos fundamentales son los siguientes.

Primero: una política de precios de garantía o soporte (o de ingreso-objetivo) para los productos agrícolas y pecuarios básicos (en todas las regiones y para todos los productores), que otorgue certidumbre a las inversiones agropecuarias sobre horizontes de planeación de largo plazo, induzca márgenes razonables de rentabilidad y, en consecuencia, otorgue a los productores posibilidades reales de capitalización, tecnificación y solvencia crediticia.

Para que este sistema de precios no gravite pesadamente sobre los recursos fiscales escasos, es necesario reducir o eliminar la sobrevaluación de nuestra moneda, de manera que los productos que importamos no resulten artificialmente abaratados (en pesos) por el tipo de cambio; y, además, aprovechar los márgenes de maniobra en política comercial que tenemos en la OMC y el TLCAN, a fin de minimizar los apoyos fiscales a los precios.

No hay que olvidar que los precios de soporte han sido aplicados en Estados Unidos desde la Ley Agrícola de 1933; y son mantenidos como un instrumento fundamental de su seguridad alimentaria y su food power.

Segundo: un programa de largo plazo de apoyo a la investigación agronómica y zootécnica, cuyos efectos en la productividad y la producción son considerables. La asistencia técnica para elevar la eficiencia microeconómica de pequeñas, medianas y grandes unidades de producción, extendiendo los nuevos conocimientos y las mejores prácticas agrícolas y pecuarias, debe ser parte integral del programa.

Tercero: incremento sustancial de los recursos públicos para obras de infraestructura, a fin de aprovechar mejor nuestros recursos. Por ejemplo, la modernización de nuestros sistemas de riego nos permitiría casi duplicar nuestras cosechas en la misma superficie irrigada; pero, además, podemos ampliar el área de riego incorporando alrededor de 4 millones de hectáreas adicionales, actualmente dedicadas al pastoreo o a siembras de temporal errático.

Cuarto: canalización de un volumen adecuado de crédito fresco al sector agropecuario, con tasas de interés preferenciales. Es recomendable que el crédito vaya acompañado de un programa de aseguramiento, con apoyos fiscales a las primas de seguro, como también se ha hecho en Estados Unidos.

Quinto: como criterio general, dada la existencia de más de 4 millones de familias campesinas en México, la preservación de las fuentes de empleo e ingresos rurales y, por tanto, la atención, promoción y apoyo preferente de las pequeñas explotaciones agrícolas debe ser objetivo estratégico.

Este programa integral de fomento agropecuario no sólo es crucial para impulsar el crecimiento sostenido de nuestra producción interna, sino para elevar el bienestar rural y fortalecer la cohesión social de nuestra nación

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