Moisés Ramírez. Palabra. Saltillo, Mexico: Feb 19, 2008
Critican marco legal y burocratismo en México. Proyecto tendría inversiones por Dls. 12 mil millones en 60 plantas y crearía 2.4 millones de empleos
Un marco legal arcaico y el burocratismo están ahogando un megaproyecto para fabricar etanol en base a caña de azúcar.
La propuesta fue elaborada por el Grupo Santos, tercer productor de azúcar en México, e implicaría una inversión de 12 mil millones de dólares en 60 plantas, en donde participarían empresarios y ejidatarios.
Sin embargo, las sociedades anónimas están impedidas por la Constitución para ser propietarias de tierras ejidales.
“El Presidente (Calderón) se vendió en su campaña como ‘el Presidente del empleo’ y, modestia aparte, yo creo que éste debería ser el proyecto de su sexenio”, dijo Alberto Santos de Hoyos, presidente del Grupo Santos.
El problema
El proyecto contempla integrar a ejidatarios y empresarios en Sociedades Anónimas para producir el etanol.
La idea es que los ejidatarios aporten la tierra al capital social de cada planta y, a cambio, obtendrían el 40 por ciento de las acciones de la sociedad.
Sin embargo, el Artículo 27 constitucional impide que las Sociedades Anónimas sean propietarias de la tierra social.
“Ese es el primer obstáculo; se requiere una reforma constitucional”, expresó Santos de Hoyos.
“En ningún país existe esta prohibición absurda que prevalece en México”, apuntó.
En Brasil, los dueños de las fábricas obtienen la caña de pequeños productores, pero también poseen grandes extensiones de tierra en las que cultivan la vara para complementar el abasto.
En México, la Constitución establece que el límite máximo de tierra para caña de azúcar para un pequeño propietario es de 300 hectáreas.
El proyecto del Grupo Santos parte del supuesto de que cada una de las 60 unidades debe contar con un mínimo de 25 mil hectáreas de cultivo.
Santos de Hoyos añadió que la serie de permisos que exige la Ley de Bioenergéticos, publicada el pasado 1 de febrero, atenta contra la creación de empresas de biocombustibles.
“Entre otras cosas porque condiciona los permisos y además dice que éstos pueden ser revocados.
“Entonces, ¿con qué seguridad voy a invertir 200 millones de dólares (en cada una de las 60 plantas) para que mañana me revoque el Gobierno el permiso?”, planteó.
Desde el 2007, el Grupo Santos dio a conocer al Gobierno federal y a legisladores el plan.